La corrupción en Venezuela no solo se mide en los más de 240 proyectos inconclusos que quedaron sembrados a lo largo del país como monumentos al despilfarro. También se cuenta en mansiones, yates, aviones privados, obras de arte, relojes de colección, cuentas bancarias millonarias y vehículos de lujo dispersos por tres continentes, según destaca Transparencia Internacional Venezuela en un reciente informe.
Detrás de cada uno de esos bienes –detalla la ONG- aparece una misma historia: recursos públicos desviados desde el Estado venezolano, especialmente desde Petróleos de Venezuela (Pdvsa), hacia redes de funcionarios, empresarios y operadores financieros que durante años construyeron fortunas mientras el país se hundía en una emergencia humanitaria sin precedentes.
El documento revela que entre 2009 y abril de 2026 las autoridades judiciales internacionales identificaron al menos 719 bienes relacionados con tramas de corrupción de origen venezolano, valorados en US$3.993.862.935.
De ellos, 287 ya fueron decomisados de manera definitiva y otros 432 permanecen congelados o sujetos a confiscación.La investigación documenta además la participación de al menos 113 personas y empresas vinculadas a operaciones de lavado de dinero, sobornos y desfalco de recursos públicos en 30 jurisdicciones internacionales.
El mapa mundial del saqueo.
Las propiedades rastreadas se encuentran en 21 países.Estados Unidos encabeza la lista de naciones que han avanzado en la recuperación de activos provenientes de la corrupción venezolana.
Allí se han decomisado 274 bienes.Le siguen Italia y Colombia con 12 confiscaciones cada una, mientras que otros activos han sido identificados en Suiza, España, Argentina, Panamá, Bahamas, República Dominicana, Reino Unido, Islas Mauricio, Andorra y otros territorios donde terminaron los fondos extraídos del patrimonio público venezolano.
Entre los bienes identificados aparecen: 142 cuentas bancarias, 57 inmuebles, 38 joyas y relojes, 25 vehículos, 17 caballos, cuatro yates, tres aviones, acciones empresariales y fondos de inversión. Las cuentas bancarias y sumas de dinero representan el 33,6 % del total de activos identificados, mientras que las joyas y relojes concentran 24,7 % y los inmuebles 22,2 %. Corruptos mencionados
En el informe se destacan los nombres de algunos de los protagonistas de algunas de las mayores tramas de corrupción vinculadas con Venezuela. Resalta Alejandro Andrade, guardaespaldas de Hugo Chávez y posteriormente tesorero nacional, a quien la justicia estadounidense señaló por participar en un esquema de sobornos superior a US$1.000 millones.
Andrade se declaró culpable y fue condenado en 2018. “Es además la persona con mayor cantidad de bienes decomisados: 87 activos entre relojes de lujo, caballos, vehículos, cuentas bancarias, efectivo e inmuebles”, destaca el documento.
También señala a José Luis De Jongh Atencio, un exgerente de Proyectos Especiales de Citgo, filial de Pdvsa, quien recibió cerca de USD 7.000.000 en sobornos a cambio de beneficiar a empresarios con ciertos contratos y por ello fue condenado a cuatro años de prisión.
A De Jongh se le confiscó la suma USD 8.887.759,62 que había usado para comprar 15 propiedades, varias de ellas ubicadas en Texas, y depositar en cinco cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza.
En el documento sobresale Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión y capturado en enero, tras la captura de Nicolás Maduro en la Operación Resulución ordenada por Donald Trump, por el gobierno de Delcy Rodríguez.La ONG resalta que las autoridades estadounidenses le congelaron a Gorrín más de US$22 millones en propiedades vinculadas al empresario, considerado uno de los hombres más influyentes del entorno chavista durante años.
Igualmente aparece Francisco Convit Guruceaga, uno de los principales acusados en el caso Money Flight, una operación que movilizó alrededor de US$1.200 millones mediante mecanismos financieros asociados al control cambiario venezolano.
Actualmente, Convit Guruceaga, permanece prófugo y con activos congelados en varias jurisdicciones.El reporte incluye además a Álex Saab, entregado por Delcy Rodríguez a Estados Unidos, al figurar en investigaciones sobre los contratos de importación de alimentos para los CLAP, un esquema por el cual Venezuela desembolsó aproximadamente US$1.600 millones y que derivó en órdenes de decomiso superiores a US$1.607 millones.
El caso Maduro y los activos bajo sospecha La investigación también incorpora activos asociados a una red identificada por autoridades estadounidenses como controlada directamente por Nicolás Maduro.
En agosto de 2025 se informó sobre la confiscación de bienes valorados en más de US$700 millones relacionados con esa estructura. Posteriormente, Suiza anunció el congelamiento de aproximadamente US$307 millones pertenecientes a personas vinculadas al entorno político y familiar del exmandatario.
Sin embargo, las autoridades suizas no revelaron la identidad de todos los titulares de los fondos bloqueados, una situación que dificulta el rastreo integral de los recursos.La creación de un fondo independienteMás allá de los decomisos, Transparencia Venezuela plantea una pregunta de fondo: ¿quién administrará esos recursos cuando llegue el momento de devolverlos?
La organización, junto con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), insiste en la creación de un fondo internacional independiente y autónomo que sirva como custodio de los bienes recuperados producto de la corrupción.
La propuesta busca evitar que esos recursos regresen a circuitos de opacidad o vuelvan a ser utilizados políticamente. La idea es que los activos recuperados permanezcan protegidos bajo supervisión internacional hasta que Venezuela cuente con una institucionalidad legítima, respaldada constitucionalmente y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Ese fondo tendría una misión concreta: transformar el dinero del saqueo en inversión social: Escuelas reconstruidas, hospitales equipados, sistemas eléctricos recuperados, redes de agua potable rehabilitadas e infraestructura pública rescatada.Para Transparencia Venezuela, la recuperación de activos no puede limitarse a castigar a los responsables.
“El objetivo final debe ser que los recursos regresen a quienes realmente pertenecen: los ciudadanos venezolanos”, señala.
Versión Final
