Deportados a África: el limbo de los migrantes expulsados de EE.UU. a terceros países
La política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro drástico con la ejecución de deportaciones masivas hacia terceros países del continente africano, dejando a decenas de migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad legal y física.
En un reciente operativo realizado el pasado 20 de agosto de 2026, un vuelo con 20 migrantes de diversas nacionalidades —incluyendo a dos ciudadanos venezolanos— aterrizó en Liberia.
Este traslado forma parte de una estrategia sistemática de externalización de fronteras que ha encendido las alarmas de organizaciones internacionales, las cuales denuncian la falta de garantías procesales y el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos de los expulsados.
Un puente aéreo hacia el aislamiento en territorio africano
El vuelo del 20 de agosto expone la complejidad y el drama de estas operaciones. De los 20 pasajeros iniciales, seis se negaron a descender de la aeronave en Liberia y fueron posteriormente enviados a Guinea Ecuatorial. Los 14 restantes, procedentes de naciones tan diversas como Camerún, Eritrea, Venezuela, Honduras, Colombia, Brasil y Guatemala, fueron recluidos en el hotel Marshall, ubicado a unos 50 kilómetros de Monrovia, la capital liberiana. Según datos recopilados por el proyecto Third Country Deportation Watch —impulsado por Refugees International y Human Rights First—, entre julio de 2025 y agosto de 2026 se han contabilizado al menos 31 vuelos de deportación desde Norteamérica hacia 12 países de África, consolidando una práctica que se ha intensificado bajo la actual administración estadounidense.
El limbo legal y la reclusión en hoteles y prisiones
Los migrantes enviados a estos destinos enfrentan un vacío jurídico absoluto. Al llegar a países con los que no poseen ningún vínculo familiar, cultural o idiomático, quedan desprovistos de documentos de identidad y de un estatus migratorio claro. Kelvi Zambrano, abogado y director de la ONG Migration in Action, representa actualmente a siete migrantes confinados en África Central y confirma que permanecen bajo un régimen de estricta vigilancia y detención. Esta situación de confinamiento forzado se repite en otras naciones; por ejemplo, de los 32 migrantes enviados a Esuatini, al menos 26 continuaban encarcelados para el 10 de septiembre de 2026. En la República Democrática del Congo, 15 personas fueron recluidas a pesar de haber contado previamente con medidas de protección en territorio estadounidense tras determinarse que en sus países de origen corrían riesgo de tortura.
Cuestionamientos al marco legal internacional
La legalidad de estos acuerdos bilaterales está bajo un severo escrutinio internacional. Expertos jurídicos y activistas señalan que la externalización de las deportaciones podría estar violando de forma flagrante el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es Estado parte. Este principio prohíbe explícitamente la devolución, expulsión o extradición de cualquier persona a un Estado donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad física corren peligro. Las ONG advierten que la firma de convenios con al menos 14 naciones africanas —incluyendo a Libia, Uganda, Ruanda y Sudán del Sur— no exime a Washington de sus obligaciones multilaterales, abriendo la puerta a devoluciones en cadena y a crisis humanitarias de difícil retorno.
