Ecuador impone toque de queda nocturno en provincias costeras para frenar la violencia del narcotráfico
El Gobierno de Ecuador ha anunciado la implementación de un nuevo toque de queda nocturno en cuatro de sus provincias costeras más afectadas por la violencia y el crimen organizado. La medida, que busca intensificar las operaciones militares y policiales en zonas estratégicas, fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg, como parte de la estrategia estatal para recuperar el control territorial frente a las bandas del narcotráfico que operan en la región.
Detalles y alcance de la restricción de movilidad
La restricción de movilidad se aplicará desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026. Durante estas dos semanas, los ciudadanos de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro —esta última fronteriza con Perú— tendrán prohibido circular diariamente entre la medianoche (00:00) y las 05:00 de la mañana, hora local. Según las autoridades, no se emitirán salvoconductos especiales y la circulación estará estrictamente limitada al personal sanitario, de emergencias y a funcionarios judiciales debidamente acreditados.
El ministro Reimberg enfatizó a través de sus canales oficiales que este toque de queda será «temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad». El objetivo principal de concentrar los esfuerzos en estas franjas horarias es desarticular las redes logísticas de las bandas delictivas sin paralizar por completo la actividad comercial y económica diurna de estas provincias, que albergan puertos clave para el comercio exterior ecuatoriano.
Un contexto de violencia sin precedentes
Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad que se consolidó en 2025, año en el que el país registró una tasa histórica de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a casi una muerte violenta por hora. La nación se encuentra bajo la declaración de «conflicto armado interno» decretada por el presidente Daniel Noboa, una medida que otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para combatir a las organizaciones criminales, catalogadas formalmente como grupos terroristas.
Las provincias costeras afectadas por la nueva medida constituyen el principal corredor de salida de la cocaína producida en los países vecinos, Colombia y Perú. Bandas locales aliadas con carteles internacionales disputan de manera sangrienta el control de las rutas de exportación marítima, lo que ha disparado los índices de extorsión, secuestro y sicariato en ciudades portuarias como Guayaquil y Manta.
Repercusiones políticas y económicas
Este nuevo estado de excepción parcial coincide con un escenario de alta presión internacional y doméstica. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Quito para ratificar el apoyo de Washington a la administración de Noboa en materia de inteligencia y equipamiento militar. No obstante, analistas locales advierten que, si bien los toques de queda previos han permitido capturas masivas, la violencia estructural sigue desafiando la capacidad de respuesta del Estado.
Para el sector empresarial y comercial de la costa, la medida genera preocupación por el impacto colateral en la logística nocturna y el turismo. Sin embargo, el Gobierno ha sido tajante al señalar que la prioridad absoluta es la seguridad nacional. «A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No habrá territorios del crimen organizado y, sobre todo, no habrá impunidad», sentenció el ministro del Interior.
