Experta en Investigación de la CPI sobre Venezuela, eso dice

La experta en Derecho Internacional, Dra. Sorianib Hernández de Deffendini, aseguró en una entrevista con EVTV Miami que la investigación «Venezuela I» ante la Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en una fase avanzada. Pese a la reciente separación temporal del Fiscal Jefe Karim Khan, el fiscal adjunto asignado al caso, de origen senegalés, tiene el deber de solicitar próximamente órdenes de comparecencia o detención contra altos funcionarios civiles y militares venezolanos por crímenes de lesa humanidad documentados entre 2014 y 2017.

La investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, conocida como «Situación Venezuela I» ante la Corte Penal Internacional (CPI), continúa su curso y se encuentra en una etapa avanzada, a pesar de los recientes cambios en la cúpula de la Fiscalía.

Así lo afirmó la Dra. Sorianib Hernández de Deffendini, experta en Derecho Internacional, durante una entrevista concedida al canal EVTV Miami.

La jurista explicó que el Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, fue separado temporalmente de su cargo el pasado 16 de mayo, tras una solicitud propia del 28 de octubre del año anterior.

Esta decisión activó un mecanismo interno de la corte para evaluar denuncias sobre presunta desinformación y acoso sexual. «Quien asumió ahora las funciones son los fiscales adjuntos.

Específicamente en la situación en Venezuela uno está el fiscal de Senegal, que está trabajando desde mediados del año pasado», detalló Hernández de Deffendini.

A pesar de este relevo, la experta subrayó que la investigación sobre Venezuela no se detiene. «El fiscal adjunto, en interés de la justicia, tiene que continuar con la investigación», afirmó.

Indicó que el próximo paso lógico, dada la avanzada etapa del proceso, sería «solicitar a la sala de cuestiones preliminares posibles órdenes de comparecencia o de detención sobre los altos agentes civiles y militares de la estructura orgánica de poder en Venezuela».

Estas solicitudes se fundamentarían en la extensa documentación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante los años 2014 y 2017.

Hernández de Deffendini enfatizó que la contundencia de las pruebas no reside únicamente en los testimonios de las víctimas o el trabajo de ONGs y defensores de derechos humanos, sino también en «informes de mecanismos convencionales y extra convencionales de protección universal de Derechos Humanos y del propio sistema Interamericano de Derechos Humanos».

Mencionó explícitamente «informes de la misión de expertos independientes» e «informes del Comité contra la Tortura» como fuentes «confiables y creíbles» para la CPI.

La Dra. Hernández recordó el caso de Myanmar, donde la entonces fiscal Fatou Bensouda inició una investigación en el lapso de un año, un hecho «bastante extraordinario» que demuestra cómo los informes internacionales robustos pueden acelerar los procesos en la CPI, un tribunal que no opera con lapsos procesales fijos. «Por lo tanto, no se justifica la dilación procesal», sentenció.

Si bien reconoció que el Estado venezolano ha ejercido su derecho a impugnar distintas fases de la investigación, lo que «ralentizó el proceso en lo procesal», la experta aseguró que «internamente la investigación continuó avanzando».

En este contexto, hizo un llamado a la responsabilidad: «Es importante ser responsables y decirles a todas las víctimas y familiares que el fiscal adjunto tiene un papel histórico muy importante al asumir la continuidad de la investigación… porque no se justifica ya a estas alturas que haya dilación procesal».

La Dra. Hernández de Deffendini informó sobre una iniciativa académica llevada a cabo junto al Dr. Deffendini: «Nosotros el 18/11/2024 asistimos al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y solicitamos al Parlamento Europeo que activara un acuerdo que existe entre la Unión Europea y la Corte Penal en materia de cooperación en lo judicial y lo penal».

Esta petición busca mayor información y rendición de cuentas sobre la situación «Venezuela I», incluyendo el seguimiento a una solicitud de un fondo fiduciario hecha por la fiscalía el año pasado para avanzar en la gran cantidad de expedientes.

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