Jueza federal bloquea revocación de parole a venezolanos en EE.UU
Una jueza federal bloqueó este lunes el intento de la administración del expresidente Donald Trump de cancelar anticipadamente el parole humanitario a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
La jueza Indira Talwani, del tribunal federal del distrito de Massachusetts, dictaminó que el Gobierno actuó fuera del marco legal al pretender revocar de forma masiva y sin evaluación individual los permisos de permanencia temporal, otorgados bajo la administración de Joe Biden.
El fallo representa un nuevo revés judicial para los esfuerzos del presidente Trump por imponer cambios radicales al sistema migratorio estadounidense.
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Talwani sostuvo que el Gobierno no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, al intentar acortar de forma abrupta el plazo de dos años originalmente concedido a los beneficiarios del programa.
En su resolución de 41 páginas, la jueza enfatizó que no se presentó ninguna justificación sustancial ni interés público que respaldara la medida.
Además, subrayó que eliminar de forma sumaria el estatus legal de cientos de miles de personas les impediría trabajar y sostener a sus familias, lo que no corresponde al interés público.
La jueza anuló específicamente la decisión de poner fin al programa el 24 de abril, impidiendo que se revoquen de manera masiva los permisos y autorizaciones de trabajo sin una revisión caso por caso.
Esta medida judicial se produce tras una demanda presentada por inmigrantes con libertad condicional y sus patrocinadores, quienes argumentaron que una cancelación abrupta del programa causaría daños irreparables.
La corte coincidió, señalando que los beneficiarios confiaron legítimamente en la vigencia de los permisos para establecerse, trabajar y desarrollar vínculos en sus comunidades.
El programa de parole humanitario fue implementado por la administración Biden en 2022 para venezolanos y ampliado en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses, permitiéndoles ingresar y residir legalmente en Estados Unidos durante dos años mediante patrocinadores.
Según la ley, el parole debe concederse y, en su caso, revocarse solo de forma individual, lo que contradice la intención de la administración Trump de eliminarlo de manera generalizada.
El gobierno había justificado su decisión argumentando que la medida buscaba evitar que los beneficiarios alcanzaran los dos años de presencia y así facilitar su deportación expedita, una base que la jueza calificó como un «error legal obvio».
La decisión judicial impide también que Uscis notifique la revocación a través de sus sistemas en línea, lo que ofrece alivio inmediato a cerca de 530 mil personas que enfrentaban la posibilidad de perder su estatus legal y sus permisos laborales.
Aunque los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato al fallo, organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron la decisión.
“Nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, expresó Anwen Hughes, abogada de los demandantes.
Versión Final
