Once ciberataques se han registrado en Venezuela desde 2024, revela Tal Cual
Al menos once incidentes de ciberataques han impactado a empresas privadas y organismos públicos en Venezuela desde 2024, dejando al descubierto información sensible de usuarios, contribuyentes y clientes.
Aunque se trata de una problemática recurrente, suele quedar relegada en el debate público, en un contexto donde existen normas sobre privacidad, pero no un sistema sólido que garantice la protección de los datos ni establezca responsabilidades claras.
De acuerdo con registros de la ONG Redes Ayuda, entre los casos documentados figuran ataques dirigidos a compañías de telecomunicaciones como Digitel, Movistar y Fibex Telecom; entidades bancarias como el Banco Nacional de Crédito (BNC); plataformas digitales como Cashea, Yummy Rides y Rapikom; así como instituciones del Estado, entre ellas el Seniat, el Metro de Caracas, Conviasa y Pdvsa.
Estos episodios han incluido desde accesos no autorizados a sistemas hasta filtraciones de información y ataques de tipo ransomware, reporta Tal Cual.
No obstante, la magnitud real podría ser mayor Han circulado reportes sobre presuntas vulneraciones en organismos de seguridad como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y cuerpos policiales como Polichacao.
En estos casos, la ausencia de confirmaciones oficiales o desmentidos refuerza la percepción de opacidad en torno a la gestión de incidentes de ciberseguridad.
Aunque términos como hackeo y filtración de datos suelen emplearse indistintamente, no siempre significan lo mismo.
Sin embargo, Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, advierte que en el contexto actual ambos fenómenos están estrechamente relacionados: «Lo que está ocurriendo ahora es que esa filtración de datos es consecuencia de hackeos».
El especialista atribuye el incremento de estos ataques a varios factores, entre ellos la baja inversión en ciberseguridad, la creciente digitalización y el valor comercial de la información.
«Se invierte lo mínimo, o tienen sus sistemas abiertos», afirma. Añade además que la posibilidad de mayor circulación de dinero en el país ha despertado el interés de actores maliciosos.
«Vieron que en Venezuela había una data valiosa que se podía vender, hackear, una economía más o menos funcionando y poca inversión en materia de seguridad», explica.
Las bases de datos con información personal pueden ser distribuidas gratuitamente o comercializadas en mercados clandestinos por montos que varían desde cientos hasta miles de dólares.
Este tipo de información permite construir perfiles detallados de los ciudadanos, facilitando delitos como el phishing dirigido. Serrano ilustra que, a partir de estos datos, es posible identificar hábitos de consumo, ubicación o patrones de uso, lo que puede derivar en hackeos de cuentas personales, estafas o acceso a información sensible.
Más allá del ámbito económico, la exposición de datos también tiene implicaciones políticas. «Cuando a ti te llega un mensajito de Nicolás Maduro Guerra, hubo una vulneración de los datos», sostiene Serrano, en referencia al uso de información personal para campañas de mensajería masiva.
El abogado Ángel Díaz, especialista en privacidad, va más allá y asegura que «el Estado es el principal filtrador de datos de Venezuela», al señalar que diversas instituciones permiten acceder a información personal con solo introducir el número de cédula, lo que incrementa los riesgos para los ciudadanos.
Las consecuencias de estas filtraciones se traducen en problemas concretos: fraudes, suplantación de identidad, extorsión y accesos indebidos a cuentas. También generan interrogantes sobre la forma en que los datos son recolectados, almacenados y utilizados en un entorno con escasa supervisión.
Aunque en Venezuela existen disposiciones legales relacionadas con la protección de datos, estas son fragmentadas y de limitada aplicación. Díaz explica que hay regulaciones y hasta una sentencia vinculante del Tribunal Supremo de Justicia, pero no una ley específica que aborde integralmente la materia. «Existe una ley regulatoria, poco conocida y aplicada por nadie», resume.
El vacío es aún más evidente en materia de sanciones. «No hay sanciones», advierte el abogado, lo que crea una zona gris en la que no es posible castigar de forma efectiva a los responsables de la gestión indebida de datos.
Además, la legislación vigente tiende a considerar como víctima a la institución afectada por el ataque, y no a las personas cuyos datos fueron expuestos, limitando así las posibilidades de reclamo.
La falta de regulación también influye en la respuesta de empresas e instituciones ante estos eventos. En lugar de informar de manera transparente, muchas organizaciones optan por minimizar los incidentes.
«Buscan más controlar el daño reputacional que proteger a los usuarios ante la exposición de sus datos», apunta Serrano.
Ante este escenario, los especialistas coinciden en la necesidad de avanzar en dos frentes: fortalecer los sistemas de seguridad y establecer un marco legal robusto. Serrano plantea la urgencia de exigir estándares más altos en la protección de datos, mientras que Díaz propone la creación de una legislación similar al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, junto con una autoridad independiente que supervise su cumplimiento.
Sin embargo, ambos advierten que el desafío no es únicamente legal. También implica una transformación institucional y cultural en la manera en que se conciben los datos personales. «En Venezuela el Estado sospecha del ciudadano y por eso le exige más datos de los necesarios», señala Díaz.
En ese sentido, la protección de la información no solo pasa por evitar delitos informáticos, sino por limitar el uso indiscriminado de los datos con fines comerciales, políticos o de control. Sin cambios estructurales —en lo legal, institucional y cultural—, la exposición de datos personales continuará en aumento y sus efectos serán cada vez más profundos.
Versión Final
