ONG´s exigen aplicar Protocolo de Minnesota en caso de la muerte de Víctor Quero
El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas internacionales de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas, sospechas de desaparición forzada o muertes bajo custodia del Estado. Establece directrices para investigaciones independientes, imparciales y efectivas.
Pese a que el Ministerio Público anunció que realizaría una exhumación para investigar, Justicia, Encuentro y Perdón asegura que este proceso “no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente cuando existen elementos objetivos que comprometen la transparencia y credibilidad de la actuación oficial”
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió “la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016)” para el fallecimiento de Víctor Hugo Quero, fallecido bajo custodia en el pasado 2025.
Pese a que el Ministerio Público anunció que realizaría una exhumación para investigar, la organización asegura que este proceso “no puede quedar bajo control de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente cuando existen elementos objetivos que comprometen la transparencia y credibilidad de la actuación oficial”.
«La afirmación estatal relativa al supuesto desconocimiento de los vínculos familiares de Víctor Quero carece de sustento documental. Consta que su madre, Carmen Navas, realizó múltiples diligencias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre su situación y paradero”, afirman.
También exponen que “existen registros de actuaciones institucionales derivadas de dichas solicitudes. En este contexto, resulta particularmente grave que, el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo —tras consulta formal al Ministerio Público— le informara que Víctor Quero permanecía recluido en el Rodeo I, mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sostiene actualmente que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año”.
Advierten que “esta contradicción cronológica exige una explicación oficial verificable y constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales relacionados con el caso”.
“Adicionalmente, los hechos son compatibles con una situación de desaparición forzada, considerando que existió una negativa efectiva de información sobre el paradero de la víctima, así como contradicciones estatales respecto de su situación bajo custodia, circunstancias que se habrían mantenido hasta la posterior notificación de su fallecimiento”.
Vale destacar que, el Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita. El mismo establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación.
Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Su objetivo es “proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada”.
En la década de los ochenta no existía una referencia internacional clara que sirviese como guía práctica para hacer investigaciones de muertes ocurridas en circunstancias sospechosas.
Para los noventa, expertos internacionales en ciencias forenses, abogados, expertos en derechos humanos y en otras materias elaboraron el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, conocido como el Protocolo de Minnesota.
Su realización estuvo dirigido por el Minnesota Lawyers International Human Rights Committee -hoy The Advocates for Human Rights- con contribuciones del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science.
Fue aprobado por la Subdivisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en 1991. En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU inició un proceso de revisión y actualización del documento.
En este sentido, Justicia, Encuentro y Perdón también exige “que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente”.
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