Pdvsa-Cripto: denuncian un proceso marcado por incomunicación, retrasos judiciales y violaciones al debido proceso
El caso Pdvsa-Cripto, presentado por el Estado venezolano como una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente del país, acumula denuncias de presuntas violaciones sistemáticas a derechos humanos, irregularidades judiciales y graves vicios al debido proceso que, según abogados defensores, comprometen la legitimidad de toda la causa penal.
La investigación, vinculada a un supuesto desfalco multimillonario en la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. entre 2020 y 2023, derivó en la detención de más de 60 personas, entre ellas exfuncionarios, empresarios y operadores financieros.
Entre los nombres más visibles aparecen el exministro de Petróleo Tareck El Aissami y el exdiputado Hugbel Roa.
Sin embargo, la defensa sostiene que detrás del discurso oficial anticorrupción existe un patrón de detenciones arbitrarias, aislamiento prolongado, negación del derecho a la defensa y uso político del sistema judicial.
“No hubo investigación previa”
Según documentos consignados por abogados del caso, las aprehensiones fueron ejecutadas principalmente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sin investigaciones previas, “serias y responsables”.
La defensa denuncia que muchas detenciones ocurrieron sin orden judicial y que los interrogatorios practicados durante la fase inicial no estuvieron orientados a esclarecer hechos punibles, sino a realizar “levantamientos patrimoniales” de los detenidos y sus familiares.
El objetivo era identificar bienes, empresas y propiedades para posteriormente ejercer presión o despojo”, sostienen los escritos judiciales.
A todos los imputados, pese a sus perfiles distintos y funciones diferentes dentro del supuesto entramado, se les imputaron prácticamente los mismos delitos: traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y valimiento de influencias.
Años presos sin juicio
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la duración de la prisión preventiva.
Los abogados aseguran que varios acusados permanecen detenidos desde 2023 y 2024 sin sentencia firme y, en algunos casos, sin haber tenido acceso real al expediente.
El proceso fue manejado inicialmente por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en terrorismo y corrupción, presidido por el juez Carlos Liendo, quien dictó órdenes de captura y celebró audiencias de presentación.
Posteriormente, la causa avanzó hacia tribunales especiales de juicio hasta recaer actualmente en manos de la jueza Alejandra Romero, quien dirige el juicio oral iniciado el 20 de abril de 2026.
La defensa sostiene que las audiencias preliminares fueron diferidas durante meses e incluso más de un año, en contravención de los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
“El expediente era desconocido”Otro de los señalamientos más graves es la presunta imposibilidad de acceder al expediente judicial.
De acuerdo con los defensores, durante toda la fase de investigación y control no pudieron revisar las actuaciones fiscales ni conocer plenamente las pruebas promovidas por el Ministerio Público.
Aseguran que el expediente consta de 146 piezas documentales y que apenas pudieron acceder parcialmente al mismo el 30 de abril de 2026, cuando ya habían transcurrido entre dos y tres años de privación de libertad y el juicio oral ya había comenzado.
“Las defensas han trabajado sin conocer con precisión los hechos imputados ni las pruebas que constan en autos”, denuncian.
Juicios “a puerta cerrada”
La fase oral también ha sido objeto de cuestionamientos.Abogados denunciaron que las audiencias celebradas entre abril y mayo de 2026 se realizaron prácticamente a puerta cerrada, pese a que el Código Orgánico Procesal Penal establece el carácter público de los juicios.
Según los escritos de defensa, a la sala solo tenían acceso jueces, fiscales, imputados, abogados y decenas de funcionarios armados y encapuchados de organismos de inteligencia.
La jueza habría argumentado problemas de capacidad física de la sala, aunque los abogados cuestionan que sí se permitiera la presencia permanente de más de 30 efectivos armados de la DGCIM y el Sebin.
Tras insistentes reclamos, el tribunal permitió posteriormente el ingreso limitado de cuatro personas del público por audiencia.
Denuncias de tortura e incomunicación
La defensa también denuncia que varios procesados fueron sometidos a aislamiento prolongado, incomunicación y presuntas torturas físicas y psicológicas.Los documentos hablan de personas “golpeadas, drogadas y sometidas a presión” durante los interrogatorios.
Asimismo, aseguran que algunos detenidos fueron obligados a permanecer durante años sin comunicación efectiva con abogados de confianza, vulnerando garantías previstas en la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y tratados internacionales suscritos por Venezuela.
Los abogados sostienen que incluso dentro de las audiencias los acusados eran ubicados lejos de sus defensores, impidiendo consultas privadas durante el debate oral.
Presunción de culpabilidad
La defensa cuestiona además el tratamiento público del caso por parte de altos funcionarios del Estado venezolano.
Argumentan que desde el inicio los acusados fueron presentados públicamente como responsables consumados, antes de la celebración de juicio y sin sentencia firme.
A juicio de los defensores, esto generó una “condena anticipada” que afectó la presunción de inocencia y condicionó la actuación posterior de tribunales y fiscales.“No se construyó un proceso para determinar responsabilidades, sino para sostener una culpabilidad previamente decidida”, afirman los escritos.
Señalan “desviación de poder”
El núcleo de la tesis defensiva sostiene que el caso dejó de ser una investigación penal ordinaria para convertirse en un mecanismo de persecución política y patrimonial.
Los abogados aseguran que hubo confiscaciones de bienes, ocupaciones de propiedades y presiones contra familiares sin procedimientos regulares ni garantías judiciales.
En ese contexto, sostienen que el expediente evidencia una “desviación de poder”, figura prevista en el artículo 139 de la Constitución venezolana, que sanciona el uso abusivo de las facultades estatales para fines distintos a los establecidos por la ley.
Para los defensores, el proceso penal terminó utilizándose “como mecanismo de control, presión e intimidación”, mediante detenciones prolongadas, restricciones al derecho a la defensa y una actuación judicial que —afirman— “homologó sin control efectivo la tesis del Ministerio Público”.
Versión Final
