Tribunal Supremo de España rechaza suspender la regularización masiva de migrantes
El Tribunal Supremo de España rechazó este viernes suspender cautelarmente el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que la medida continuará vigente mientras se resuelven los recursos presentados en su contra.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal analizó las solicitudes de suspensión presentadas por la Comunidad de Madrid, el partido Vox y varias asociaciones, entre ellas Hazte Oír.
Sin embargo, el Supremo decidió mantener activa la normativa, que entró en vigor el pasado 16 de abril.
El tribunal inadmitió los recursos presentados por las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Asociación Libertad y Justicia, al considerar que no cuentan con legitimación activa para impugnar este tipo de medidas.
En el caso de Vox y de la Comunidad de Madrid, el Supremo sí reconoció su capacidad legal para recurrir el decreto, aunque rechazó paralizarlo de manera cautelar.
Durante una de las audiencias celebradas este viernes, la Abogacía del Estado informó que, hasta el 21 de mayo, el Ejecutivo había recibido 549.596 solicitudes de regularización, de las cuales más de 91.000 ya fueron admitidas a trámite.
El Gobierno español estima que la medida beneficiará a unas 500.000 personas, incluyendo solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026, otorgándoles permisos de residencia y trabajo.
La Comunidad de Madrid argumentó que la regularización podría afectar los servicios públicos y la seguridad, mientras que Vox aseguró que la medida provocará un “colapso” del sistema migratorio y de vivienda.
Por su parte, la Abogacía del Estado defendió el decreto apelando al “interés general” y sostuvo que los beneficiarios ya utilizan los servicios públicos, por lo que no se produciría un impacto adicional significativo.
Además, el Gobierno de Baleares anunció este viernes que también recurrirá ante el Supremo para solicitar la suspensión cautelar de la medida, alegando presión sobre los servicios públicos en las islas.
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