Alcaldesa de Doral dijo que no tiene potestad legal para frenar las redadas de ICE en la ciudad
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha aclarado públicamente que el gobierno municipal carece de la potestad legal para interferir, suspender o frenar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la jurisdicción.
Ante la creciente alarma de los residentes y las demandas de los comerciantes locales, la mandataria subrayó que las acciones de control migratorio corresponden de manera exclusiva al ámbito federal, por lo que las autoridades locales están obligadas a acatar la legislación nacional independientemente de su postura política o del impacto socioeconómico que estas medidas generen en la comunidad.
Límites jurisdiccionales y falta de notificación previa
Fraga explicó detalladamente que la Policía de Doral no participa en las redadas ni mantiene canales de coordinación operativa con los agentes federales de inmigración. De hecho, la alcaldía no recibe notificaciones previas sobre cuándo o dónde se ejecutarán estos procedimientos. La funcionaria enfatizó que la administración local se entera de las intervenciones de la misma manera que los ciudadanos comunes: a través de reportes en redes sociales o denuncias directas de los vecinos que presencian los arrestos en calles, estaciones de servicio y zonas comerciales de la ciudad.
Asimismo, la alcaldesa desmintió categóricamente que el municipio comparta bases de datos o información confidencial de sus residentes con las agencias federales. Al ser consultada sobre la posibilidad de declarar a Doral como una «ciudad santuario» para proteger a la población indocumentada, Fraga recordó que la legislación del estado de Florida prohíbe de forma expresa dicha designación, y que las normativas estatales y federales vigentes limitan cualquier margen de maniobra de los gobiernos locales en esta materia.
Fuerte impacto en la economía local y el comercio
Los operativos de ICE han desencadenado una severa crisis en la actividad comercial de Doral, una ciudad caracterizada por su alta concentración de empresas y residentes de origen latinoamericano, especialmente venezolanos. Pequeños empresarios y dueños de restaurantes han denunciado un desplome de hasta el 70% en sus ventas diarias. El temor a ser interceptados por los agentes migratorios ha provocado un marcado ausentismo tanto de clientes como de trabajadores, muchos de los cuales han optado por no asistir a sus puestos de trabajo o han abandonado sus empleos a pesar de encontrarse en medio de procesos de solicitud de asilo político.
Consecuencias en la vida cotidiana y el entorno escolar
Más allá de las repercusiones financieras, la presencia de las patrullas federales está alterando la rutina diaria de las familias. La alcaldesa Fraga manifestó su preocupación por el impacto psicológico en los niños en edad escolar, señalando que muchos padres prefieren no conducir hasta los colegios por miedo a encontrarse con puntos de control migratorio, optando en su lugar por contratar servicios de transporte privado o mantener a los menores en sus hogares. Ante este complejo panorama, el gobierno local ha indicado que su rol se limitará a ofrecer orientación y conectar a las familias afectadas con asesoría legal especializada para garantizar el debido proceso.
