Asamblea Nacional de Venezuela instala comisión para reformar la polémica Ley contra el Odio
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, formalizó este lunes la instalación de una comisión especial destinada a reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La medida se produce tras una solicitud directa realizada la semana pasada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Aunque el Legislativo anunció el inicio de estas labores a través de sus canales oficiales, no se han ofrecido mayores detalles sobre el alcance de las modificaciones ni el cronograma de debates previstos para su aprobación.
Un instrumento bajo la lupa de las organizaciones de derechos humanos
Desde su promulgación en noviembre de 2017 por la hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente, esta legislación ha sido catalogada por diversas organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos como una herramienta de persecución política. La ley fue concebida originalmente a petición del presidente Nicolás Maduro con el argumento de neutralizar las protestas antigubernamentales que sacudieron al país ese año. No obstante, la ambigüedad de sus términos ha facilitado, según denuncias de la oposición, la criminalización de la disidencia y la censura a los medios de comunicación.
El impacto en cifras: menores de edad y presos políticos
El anuncio de la reforma coincide con la publicación de alarmantes balances por parte de la sociedad civil. La organización no gubernamental Cecodap, especializada en la protección de los derechos de la niñez, reveló que un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 bajo los supuestos delitos contemplados en esta ley. Este incremento coincide con la severa crisis política e institucional desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, periodo en el cual la oposición denunció fraude electoral frente a la proclamación oficial de Maduro.
Por su parte, la ONG Foro Penal, dedicada a la asistencia jurídica de los presos políticos en el país caribeño, reportó que al menos 927 personas han sido acusadas formalmente del delito de «incitación al odio» desde la entrada en vigor de la norma en 2017. Estas cifras reflejan la sistematicidad con la que se ha aplicado el estamento legal para silenciar críticas en redes sociales, manifestaciones públicas y declaraciones de líderes políticos y activistas comunitarios.
Perspectivas y reacciones ante el anuncio legislativo
La comunidad internacional y los sectores democráticos venezolanos observan con cautela este movimiento legislativo. Mientras el oficialismo argumenta que la reforma busca actualizar los mecanismos de protección social y convivencia pacífica frente a las nuevas dinámicas digitales, los analistas políticos advierten que los cambios podrían endurecer aún más las sanciones existentes o ampliar el espectro de censura previa. La exigencia unánime de las ONG nacionales e internacionales sigue siendo la derogación absoluta de la ley para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país.
