El plazo para convocar elecciones presidenciales vence el 3 de mayo, asegura abogado constitucionalista
El abogado constitucionalista y decano, Juan Carlos Apitz, advirtió durante una entrevista con NTN24 que la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada enfrenta un “abismo legal” si no cumple con los plazos constitucionales para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Apitz explica que la Constitución establece límites estrictos para las ausencias presidenciales. Según su análisis, el marco legal dicta que la ausencia del presidente de la República tiene un límite inicial de 90 días. El pasado 3 de abril se agotó ese periodo sin que la Asamblea Nacional (AN) declarara una prórroga oficial.
Tras agotarse los 90 días, la Constitución otorga un plazo de 30 días adicionales para convocar a elecciones. Ese plazo vence inevitablemente el próximo 3 de mayo.
«Si no convocaran elecciones, hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo la presidencia de la República ilegítimamente, por lo cual habría una usurpación de autoridad», aseveró Apitz.
La falta de legitimidad en el ejercicio del cargo no solo tendría repercusiones políticas, sino también económicas y legales devastadoras para el país. Apitz recordó que, bajo una presidencia ilegítima, cualquier acto oficial carece de validez:
Contratos nulos: Según el artículo 132 de la Constitución, todos los contratos de interés nacional —incluyendo los petroleros y mineros— que se firmen bajo una autoridad usurpadora carecen de validez legal.
Inseguridad jurídica: Los inversionistas internacionales enfrentarían la nulidad de sus acuerdos ante la ley, lo que paralizaría sectores estratégicos de la economía.El constitucionalista también cuestionó las recientes declaraciones de Rodríguez sobre la Ley de Amnistía.
Apitz, quien recordó la formación académica de la funcionaria, calificó como incomprensible la postura oficial, señalando que las leyes solo pierden vigencia si otra ley las deroga.
«La Ley de Amnistía no tenía fecha de caducidad. Lo que vemos es un reconocimiento del fracaso en la aplicación de esta ley por parte del oficialismo», afirmó el decano a NTN24.
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