Fallece recluso en la Comunidad Penitenciaria de Coro bajo condiciones críticas de hacinamiento
La crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano ha cobrado una nueva vida en el estado Falcón. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó el fallecimiento de Edwar Arturo Muñoz, un interno que se encontraba bajo custodia del Estado en la Comunidad Penitenciaria de Coro. Este deceso vuelve a poner bajo el foco público las precarias condiciones de reclusión, la falta de atención médica oportuna y el colapso estructural de los centros de detención en el país caribeño.
Hacinamiento extremo y colapso de servicios básicos
De acuerdo con los datos técnicos suministrados por el OVP, la Comunidad Penitenciaria de Coro opera actualmente en niveles críticos que comprometen la integridad física de la población reclusa. El complejo carcelario alberga a más de 1.700 personas en una infraestructura que fue diseñada para una capacidad máxima de apenas 800 internos. Esta disparidad representa una tasa de ocupación superior al 212%, lo que se traduce en un nivel de hacinamiento que sobrepasa el 112%.
La sobrepoblación extrema no es el único factor de riesgo en el penal falconiano. La organización no gubernamental denunció que los reclusos enfrentan severas restricciones para acceder a agua potable de forma regular, graves deficiencias en el suministro de alimentos y una ausencia casi total de servicios médicos internos. Estas carencias sistemáticas crean un entorno propicio para la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro acelerado de la salud de los privados de libertad.
El deber del Estado y el marco constitucional
El Observatorio Venezolano de Prisiones recordó de manera enfática que la privación de libertad dictada por los tribunales no implica la suspensión de derechos fundamentales inalienables, tales como el derecho a la salud y a la vida. Conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional, el Estado venezolano tiene la obligación jurídica y moral de garantizar condiciones dignas de reclusión, lo que incluye alimentación balanceada, acceso a agua salubre y asistencia médica preventiva y de emergencia.
Ante este escenario, la ONG dirigió un exhorto directo a la Defensoría del Pueblo de la República. El organismo civil recordó que, bajo el artículo 281, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensoría posee la facultad y el mandato expreso de interponer acciones de amparo, recursos de protección y activar los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad bajo la tutela directa del Estado.
Llamado urgente a la intervención institucional
La muerte de Edwar Arturo Muñoz se suma a una larga lista de decesos documentados en las cárceles y calabozos policiales del país, los cuales han sido catalogados por diversos informes de derechos humanos como centros de detención paralelos en condiciones extremas. El OVP instó a las autoridades competentes a iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas del fallecimiento de Muñoz y a implementar de manera inmediata un plan de descongestionamiento y saneamiento en la Comunidad Penitenciaria de Coro para evitar nuevas tragedias prevenibles.
