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Misión de la ONU exigió al gobierno de Nicolás Maduro cesar la desaparición forzada de opositores

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó este miércoles al gobierno de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la práctica de desaparición forzada de opositores. Alertó que esto podría constituir un crimen de lesa humanidad.

“Es una práctica perversa e ilegal”

Expresó profunda preocupación por lo que describió como una práctica sistemática del Estado venezolano para silenciar a voces críticas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras, mediante el uso deliberado de detenciones arbitrarias, muchas veces sin acceso a comunicación ni asistencia legal.

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“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.

Según el informe, estas detenciones selectivas forman parte de una política represiva planificada desde las más altas esferas del poder, con la complicidad de cuerpos de seguridad como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

Funcionarios judiciales “son cómplices”

La misión también responsabilizó al Ministerio Público y a instancias judiciales, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por asegurar la impunidad de estas violaciones.

La Misión alertó sobre la inoperancia del habeas corpus, un recurso legal básico para proteger a ciudadanos contra detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Señaló que en al menos 20 casos recientes, las solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas, ignoradas o no tramitadas por el sistema judicial.

«La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, señaló la experta Patricia Tappatá.

De los 13 casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en lo que va de 2025, en 9 se documenta la ineficacia del habeas corpus como mecanismo de protección.

Un caso mencionado en el reporte de la misión es el del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, miembro de Provea, quien desapareció el viernes 9 de mayo.

Familiares y abogados intentaron sin éxito presentar el recurso ante tribunales, donde incluso se negaron a recibir la solicitud.

Recién el lunes 12, la Sala Constitucional accedió a recibir el recurso, pero no se ha informado de decisión alguna.

“Crímenes de lesa humanidad”

La misión recordó que las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando son parte de un ataque sistemático contra la población civil.

“Como hemos expresado reiteradamente, estas conductas forman parte del crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos”, afirmó Francisco Cox, experto de la misión.

«Esto obedece a un plan coordinado para silenciar y sofocar a la oposición”, agregó.

Ante esta situación, la instancia de la ONU exigió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente y pidió a las autoridades venezolanas tomar medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de quienes están bajo custodia del Estado, así como la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La misión también instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

El Nacional

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