Venezuela bajo asedio digital: VE sin filtro denuncia el bloqueo de más de 200 dominios de información
La libertad de expresión en Venezuela enfrenta un nuevo y severo episodio de restricción digital. La organización no gubernamental VE sin filtro ha emitido una alerta crítica informando que, al menos, 202 dominios de Internet permanecen bloqueados en el territorio venezolano. Esta medida, que afecta de manera directa el flujo de información, impacta principalmente a medios de comunicación, plataformas informativas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, consolidando un escenario de opacidad informativa en el país.
Según el monitoreo realizado por la ONG, el Estado venezolano utiliza mecanismos de censura arbitraria para restringir el acceso no solo a portales de noticias, sino también a redes sociales y herramientas digitales esenciales para la comunicación ciudadana. La organización enfatiza que estas acciones no responden a procesos legales transparentes, sino que forman parte de una estrategia sistemática para limitar el alcance de la disidencia y el control social a través de la red.
https://x.com/vesinfiltro/status/2097069316155781403?ref_src=twsrc%5Etfw
El rol de Conatel y la necesidad de voluntad política
El informe de VE sin filtro señala directamente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como el organismo responsable de estas restricciones. Al ser la entidad encargada de regular las telecomunicaciones en Venezuela, Conatel posee la potestad técnica para ordenar a los proveedores de servicios de Internet (ISP) el cese inmediato de los bloqueos. No obstante, la ONG sostiene que la persistencia de estas medidas no se debe a una incapacidad técnica, sino a una carencia absoluta de voluntad política por parte de las autoridades para garantizar el derecho constitucional a la información.
La organización ha sido enfática al señalar que la censura digital puede concluir de manera inmediata si existe la disposición gubernamental de permitir un entorno digital abierto. Sin embargo, la actual estructura de regulación parece estar diseñada para la restricción en lugar de la facilitación del acceso, lo que convierte a la infraestructura de Internet en un campo de batalla para la libertad de prensa.
Un clamor colectivo por reformas estructurales
Este reciente reporte de VE sin filtro se suma a una creciente ola de protestas de la sociedad civil. Hace apenas unos días, un bloque de 38 medios de comunicación y 63 organizaciones de la sociedad civil suscribieron el denominado “Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela”. En este documento, los firmantes exigen reformas urgentes al marco legal vigente, el cual denuncian que ha sido instrumentalizado para criminalizar la disidencia y silenciar voces críticas.
Hacia una transformación de los organismos reguladores
Uno de los puntos centrales del manifiesto es la exigencia de una transformación profunda de Conatel. Los sectores afectados argumentan que el organismo ha dejado de ser un ente regulador para convertirse en un brazo ejecutor de la censura. La propuesta de la sociedad civil busca que cualquier medida de restricción de contenidos esté sometida a controles judiciales estrictos y que se respeten los principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando que los bloqueos se conviertan en una práctica generalizada y sin supervisión.
Venezuela en el fondo del índice regional
La gravedad de la situación se refleja en los indicadores internacionales. Venezuela ocupa el último lugar entre las 23 naciones analizadas en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este informe, presentado en marzo de este año, subraya un deterioro sostenido en las condiciones para el ejercicio del periodismo en el país, situando a la nación en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la persecución y el cerco informativo.
Para los analistas y para VE sin filtro, la permanencia de cientos de dominios bloqueados es la manifestación técnica de un problema mucho más profundo: la erosión de la democracia a través del control de la narrativa digital. Mientras no se establezcan mecanismos de control judicial sobre las decisiones de Conatel, el acceso a la información seguirá siendo un privilegio condicionado por la política y no un derecho garantizado por la ley.
