Veppex advierte a EE.UU. que el aparato represivo en Venezuela permanece intacto pese al cambio de mando
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) ha emitido una alerta contundente a las autoridades migratorias de Estados Unidos, advirtiendo que la salida de Nicolás Maduro del poder no ha significado el desmantelamiento de la estructura de represión en Venezuela. Según la organización, aunque ha existido un cambio en la figura visible del mando ejecutivo, las políticas de persecución, el control social y los mecanismos de castigo contra la disidencia permanecen operativos, lo que convierte el retorno de miles de exiliados en un riesgo crítico para su integridad física y jurídica.
El giro jurídico de la Junta de Apelaciones de Inmigración
La preocupación de Veppex surge tras la reciente resolución emitida el viernes 4 de septiembre por la Junta de Apelaciones de Inmigración de los Estados Unidos (BIA). En el dictamen identificado como Matter of A-E-V-M-, 30 I&N Dec. 20 (BIA 2026), un panel de magistrados integrado por los jueces Malphrus, Hunsucker y White determinó que la transferencia de la autoridad ejecutiva en Venezuela constituye un «cambio sustancial» en las condiciones nacionales del país. Esta decisión legal obliga ahora a los tribunales a reevaluar las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos que basaban su temor de persecución en el gobierno de Maduro.
La persistencia del aparato represivo y el riesgo sistémico
Ante este escenario, Veppex sostiene que confundir un cambio de liderazgo con el restablecimiento del Estado de derecho es un error peligroso. La organización enfatiza que la pregunta central no debe ser quién ocupa la Presidencia, sino si los funcionarios de inteligencia, los mandos militares y los organismos represivos siguen activos y con capacidad de acción. «La respuesta es sí», afirmó la organización a través de sus canales oficiales, subrayando que las estructuras responsables de la tortura y la persecución política no han sido desarticuladas, manteniendo así su capacidad de daño sobre quienes fueron forzados al exilio.
Casos individuales frente a criterios generalizados
La organización rechaza categóricamente que los venezolanos pierdan su estatus de asilo basándose únicamente en la ausencia de Maduro en el poder. Veppex insta a los jueces y autoridades migratorias a realizar evaluaciones individualizadas, analizando si las personas específicas que ordenaron la persecución de cada solicitante aún mantienen cuotas de poder. Como ejemplo de la complejidad de estos casos, se citó el recurso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra una ciudadana cuya familia sufrió ataques físicos y la anulación de pasaportes en octubre de 2025, hechos que demuestran que la hostilidad estatal puede persistir más allá de un cambio nominal en la jefatura de Estado.
Implicaciones para la comunidad migrante y el derecho internacional
El impacto de esta resolución judicial podría desencadenar un aumento en las denegaciones de asilo y, potencialmente, en las deportaciones de venezolanos hacia un entorno que, según Veppex, sigue siendo hostil. La organización recalca que Venezuela no podrá considerarse un lugar seguro mientras existan presos políticos, causas judiciales abiertas por motivos ideológicos y perseguidores protegidos por el Estado. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos observan con cautela cómo la interpretación administrativa de la BIA podría chocar con la realidad operativa de un aparato represivo que, a juicio de los exiliados, ha cambiado de rostro pero no de método.
