Absuelven y otorgan libertad plena a tres zulianos procesados por terrorismo tras las presidenciales de 2024
Las organizaciones no gubernamentales Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y Espacio Público confirmaron la absolución y liberación plena de Renny Regino González García, Nudre Javier Chourio Nava y Manuel Alejandro Bohórquez Colina [1.2]. Los tres ciudadanos, oriundos del estado Zulia, recuperaron su libertad sin restricciones el martes 22 de septiembre de 2026 tras la audiencia de conclusión de juicio, poniendo fin a un prolongado proceso judicial de más de dos años [1.2, 1.8].
Origen del caso: un grupo de WhatsApp y acusaciones de terrorismo
Los tres hombres fueron detenidos en agosto de 2024 en el estado Zulia, en el complejo contexto de protestas y tensiones políticas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año [1.2, 1.6]. La acusación de la Fiscalía se centró en presuntos delitos de terrorismo, vinculándolos directamente con la administración y participación en un grupo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp [1.2, 1.9].
A pesar de la gravedad de los cargos imputados inicialmente, la defensa y las organizaciones de derechos humanos denunciaron desde el primer momento la falta de elementos probatorios contundentes, catalogando el caso como una detención arbitraria por motivos políticos [1.8]. Tras más de dos años de litigio y reclusión, el tribunal de la causa dictó sentencia absolutoria al no hallar méritos para sostener la acusación fiscal [1.2, 1.8].
El periplo carcelario y el deterioro de la salud de los procesados
El proceso judicial estuvo marcado por traslados forzosos y serias denuncias sobre las condiciones de reclusión. Según datos aportados por Espacio Público, las familias de los detenidos realizaron desembolsos económicos iniciales para evitar que fuesen trasladados fuera de Maracaibo [1.5, 1.6]. Sin embargo, en febrero de 2025 fueron transferidos al Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, donde permanecieron hasta marzo de 2026, cuando fueron reubicados en el internado judicial Yare II, en el estado Miranda [1.5, 1.6].
Las ONG alertaron reiteradamente sobre el delicado estado de salud de los procesados durante su cautiverio [1.9]. Manuel Alejandro Bohórquez, sobreviviente de cáncer, había logrado previamente una medida humanitaria de excarcelación bajo régimen de presentación debido a su condición oncológica [1.2, 1.10]. Por su parte, Renny Regino González, quien vive con un solo riñón, padeció severas dolencias en las últimas semanas de reclusión en Yare II sin que las autoridades penitenciarias permitieran el acceso a evaluaciones médicas especializadas o estudios diagnósticos [1.6, 1.9].
Repercusiones y exigencias de las organizaciones de derechos humanos
La liberación de González, Chourio y Bohórquez ha sido recibida con alivio por sus familiares y defensores de derechos humanos, quienes celebraron el reencuentro familiar tras lo que calificaron como una «larga injusticia» [1.10]. No obstante, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos enfatizó que este desenlace favorable debe servir de precedente para exigir la revisión inmediata de las causas de decenas de ciudadanos que aún permanecen privados de libertad bajo cargos similares en el país [1.5, 1.10].
Este caso subraya la persistente preocupación de la comunidad internacional y de las relatorías de derechos humanos sobre la judicialización de la libre expresión y el uso de leyes antiterroristas contra ciudadanos por su actividad en plataformas digitales y redes sociales en Venezuela [1.5, 1.8].
