Eloísa Quintero (Misión ONU): La metodología de torturas en Venezuela se ha vuelto más atroz y sistemática
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela ha encendido nuevamente las alarmas de la comunidad internacional. En una reciente entrevista, María Eloísa Quintero, integrante de dicha delegación, advirtió que las modificaciones institucionales y los movimientos políticos posteriores al inicio de 2026 no han logrado desmantelar el aparato represivo del Estado venezolano. Por el contrario, la experta sostiene que existe una clara continuidad sustantiva en las violaciones a los derechos humanos y que los métodos de tortura aplicados contra los detenidos se han vuelto considerablemente más crueles y sofisticados.
Un patrón de represión silenciosa y atroz
El último informe presentado por la Misión, que abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y finales de agosto de 2026, documenta de manera rigurosa al menos 53 casos de tortura, de los cuales 37 ocurrieron estrictamente dentro de ese lapso temporal. Quintero explicó que el incremento en el registro de estos casos no responde necesariamente a un aumento súbito en las detenciones, sino a que un mayor número de víctimas y personas excarceladas han decidido romper el silencio y denunciar los vejámenes sufridos. No obstante, la especialista enfatizó que la gravedad de los testimonios revela que la metodología de tortura se ha vuelto más atroz, evidenciando un ensañamiento sistemático contra la disidencia.
La mutación de las tácticas de control social
Uno de los hallazgos más relevantes señalados por la Misión de la ONU es el cambio en la visibilidad de la represión. Mientras que las manifestaciones callejeras multitudinarias, los ataques directos a protestas y el patrullaje intimidatorio de los denominados colectivos armados han experimentado una notable disminución, esto no se traduce en una mejora democrática. Según Quintero, esta aparente calma responde a una estrategia de control basada en la incertidumbre y el temor generalizado, lo que genera una quietud forzada en la población civil, mientras que la persecución selectiva y tras bastidores continúa operando con total impunidad.
Instituciones señaladas y la cadena de mando
La investigación de Naciones Unidas ha identificado de forma recurrente a once instituciones del Estado venezolano como las principales ejecutoras de estas graves violaciones a los derechos humanos. Entre los organismos señalados destacan la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Quintero subrayó que para lograr un verdadero desmantelamiento de esta estructura represiva no basta con realizar cambios cosméticos en las cúpulas directivas, sino que es imperativo depurar los mandos medios y reactivar un sistema de justicia independiente que procese a los responsables.
Señalamientos directos a altos funcionarios
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos incorpora una lista detallada de altos funcionarios públicos sobre los cuales existen elementos de convicción suficientes para considerarlos presuntos perpetradores o facilitadores de estos crímenes de lesa humanidad. Entre los nombres mencionados figuran figuras clave del Gobierno venezolano como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Gustavo González López y el fiscal general Tarek William Saab. Eloísa Quintero aclaró que la labor de la Misión es estrictamente investigativa y de documentación, por lo que no posee facultades jurisdiccionales para juzgar a los implicados, una tarea que, según indicó, recae de manera obligatoria sobre los tribunales competentes y la justicia internacional.
